Por Daniel E. Benadava. Tomado de Argentina Socialista.

A lo largo y ancho de la República Argentina transitan cotidianamente hombres y mujeres que por su color de piel y pobreza son discriminados por la sociedad, ninguneados por los grandes medios de comunicación y reprimidos o asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad locales.

En este sentido la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional afirma que, en los últimos quince años, el aparato represivo del Estado argentino acabó con la vida de 3.093 hombres y mujeres. Así mismo, la citada organización sostiene que mas de la mitad de éstas muertes se produjeron a través del denominado “gatillo fácil” que consiste en el fusilamiento (realizado por un integrante de alguna fueraza armada) de una persona en hechos que luego son caratulados como “trágicos accidentes” o, en su defecto, justificados diciendo que la víctima (en su gran mayoría de tez morena y carente de recursos económicos) era “sospechosa” de haber cometido algún delito.

Por su parte los miembros de la Parroquia Santa Cruz, que esta ubicada en la Capital de la Argentina y por donde transitaron numerosas personas que fueron desaparecidas por las Fuerzas Armadas Argentinas en la década del ´70 del siglo pasado, sostienen que en plena democracia muchos mártires cotidianos se cruzan con nosotros en las calles y no los vemos, hasta mil veces los miramos con temor, son niños o adolescentes en peligro, desprotegidos o abandonados a su suerte en manos de sus agresores… muchos de los cuales son policías.

Así, por ejemplo, días atrás un sargento de la Policía Bonaerense (que según numerosos testigos estaba ebrio y se jactaba de portar un arma) en un “confuso episodio” asesinó a un humilde hombre de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, llamado Enrique Romero, aludiendo que “presuntamente” éste quería robarle su coche. Horas mas tarde un cabo de la Policía Federal, mientras perseguía a una persona que había robado una billetera, protagonizó un “lamentable accidente” al asesinar a Ariel Domínguez que salía de su trabajo con intenciones de regresar a su casa.

Si bien es cierto que en estas circunstancias cualquier fallecimiento es doloroso, quizás una muerte resulta más atormentadora cuando el cuerpo de la persona asesinada por un miembro de una fuerza de seguridad “no aparece”. Un ejemplo “tristemente emblemático” de esta cuestión puede ejemplificarse con Luciano Arruga quién era un joven humilde y morocho que el 31 de enero del 2009, después de haberse negado a robar para la policía, fue visto por última vez siendo torturado en una comisaría y nunca más nada se supo de él.

Otro caso “dolorosamente paradigmático” de una persona que desaparece por el accionar del aparato represivo del Estado argentino lo representa Julio López quién, desde septiembre del 2006, se encuentra desaparecido luego de haber sido un testigo clave en el juicio donde se condenó a reclusión perpetua a militares que, en la última dictadura argentina, cometieron delitos de lesa humanidad.

Ahora bien los casos anteriormente mencionados, como otros tantos que no son difundidos masivamente, sólo aparecen esporádicamente en un pequeño recuadro de la prensa local argentina ya que los grandes medios de comunicación parecen estar más interesados en difundir campañas políticas, o resguardar intereses sectoriales, que en defender el derecho básico e inalienable que tiene toda persona de conservar su vida.

En este contexto millones de argentinos y argentinas, junto a los miembros de la Parroquia Santa Cruz, se preguntan cuando llegará el día en que alguna autoridad haga lo debido para acabar con el delito protegido que cometen aquellos a quienes se paga para que protejan a la población… y los humildes, los que viven en las villas miserias y están absolutamente desprotegidos, dejen de ser asesinados y desaparecidos por “delincuentes uniformados” y condenados por una sociedad que no quiere ver la realidad.


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