Por Marcelo Ramal.

Las 50 víctimas fatales y más de 600 heridos que acaba de cobrarse el régimen del ferrocarril privatizado nos remiten a la mañana del 20 de octubre de 2010. Ese día, una patota al mando de la burocracia de la Unión Ferroviaria asesinaba a Mariano Ferreyra y le propinaba heridas gravísimas a nuestra compañera Elsa Rodríguez. Para ejecutar el crimen, contaron con el concurso del aparato policial que liberó la zona, así como del concesionario del ferrocarril Roca (UGOFE), habilitando permisos laborales para los miembros de la patota criminal.

Un año y medio después ¿no es ese mismo triángulo corrupto -empresarios, burócratas, Estado- el responsable de la masacre de Once?

Tenemos, en primer lugar, al concesionario ferroviario -Grupo Cirigliano-. Mientras TBA languidece en la desinversión y la falta de mantenimiento, Cirigliano compró una parte sustancial del transporte público de pasajeros. En la zona Oeste del Gran Buenos Aires, se quedó con su principal línea de colectivos–la ex TDO. Por lo tanto, y junto al Sarmiento, el grupo ha monopolizado el transporte público de la zona. La cuenta es sencilla: los subsidios entregados para el Ferrocarril fueron desviados para financiar esta monumental concentración empresarial contra los usuarios. Del mismo modo, los Roggio, Taselli y otros se servían de subsidios millonarios. Mientras tanto, los usuarios eran sometidos a la destrucción del servicio. Y los trabajadores, a la precarización laboral y a la tercerización.

La burocracia sindical ha sido socia del vaciamiento. A cambio de avalar el desguace ferrroviario, los burócratas lograron convertirse en empresarios o gerentes. Ello, como accionistas de las concesiones privadas (Belgrano Cargas) o como propietarios de las cooperativas truchas, a través de las cuales emplearon trabajadores con salarios muy inferiores a los del convenio. En estas horas, Caminos, uno de los dirigentes de La Fraternidad, acaba de pedir la creación de “una comisión regulatoria ferroviaria con participación de los sindicatos”. ¡Qué impostura! Si nada menos que Antonio Luna, dirigente de La Fraternidad, está al frente de la subsecretaría de Transporte Ferroviario. La burocracia pide “participar” del ferrocarril… que cogerencia. De cara a la masacre de Once, intentan borrar su responsabilidad en el desquicio ferroviario.

El tercer vértice es el Estado y el gobierno que “organizaron” el vaciamiento. El kirchnerismo consolidó el régimen de concesiones ferroviarias que parió el menemismo, y atornilló a la patria contratista a los rieles. La “emergencia ferroviaria” de Duhalde y Kirchner llevó esta privatización a su variante más confiscatoria. De un lado, el Estado asumiendo los gastos de mantenimiento y de inversiones. Del otro, los parásitos privados, asegurando los beneficios de los `90 con subsidios estatales. Mientras malversaban el patrimonio público con compras de material inservible, Jaime primero y Schiavi después, hacían la vista gorda ante todos los incumplimientos de los concesionarios. En cambio, no se privaban de perseguir a los luchadores y delegados que denunciaban el vaciamiento.

El desastre ferroviario pone de manifiesto los límites sociales insuperables del kirchnerismo. Ahora que la crisis capitalista ha colocado en cuestión al régimen de los subsidios, el gobierno ensaya una nueva variante de rescate de los privatizadores, los boletazos o tarifazos. Bajo las actuales condiciones, la suba del boleto de colectivo o de tren premiaría, principalmente, a los responsables de la masacre de Once.

Para que siga este triángulo de corrupción y negociados, Mariano Ferreyra fue asesinado.

Pedraza está preso. Pero los intereses que financian a su patota siguen manejando la gestión del ferrocarril. Bajo el kirchnerismo, los accidentes en las vías ya han acumulado 70 muertos y 1000 heridos.

Por Mariano, hemos reclamado que vayan al banquillo todos los responsables -patota, policía, funcionarios y empresarios-.

A ellos mismos, la masacre de Once también los coloca en la picota: juicio y castigo a los culpables. Por la renuncia inmediata de Jaime y Luna. Que los privatizadores sean apartados del ferrocarril, sin antes responder con sus patrimonios por el vaciamiento incurrido. Que el ferrocarril sea reestatizado, bajo la gestión directa de sus trabajadores.


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