Y me extraña que todavía no llamen a ese grupo «banda terrorista» (quizás no sea necesario). En fin, una noticia de nuestro querido país haciendo el ridículo en el plano internacional.

"¡No soy de Anonymous, soy militante comunista!"

“Yo no soy de Anonymous!!!! Yo soy de La Fede (Federación Juvenil Comunista Argentina). No soy hacker, de pedo puedo instalar un juego! por qué me hacen esto !!”, escribió en su perfil de Facebook Luca, luego de que la policía irrumpiera en su casa y le incautara distintos elementos tecnológicos. Luca, que tiene 18 años y utiliza en la red el pseudónimo Luu Cachenko, es uno de los nueve imputados por la Justicia argentina a pedido de Interpol, ya que se lo investiga como uno de los autores de ataques virtuales internacionales, atribuidos al grupo de ciberactivistas Anonymous.

Luca vive en Villa Martelli, en la localidad de Vicente López, junto a su hermano de 21 años. Su papá ocupa un departamento contiguo. “Hace dos días que voy de fiscalía en fiscalía averiguando de qué se trata todo esto. De la de San Isidro me mandaron a una fiscalía en capital y de ahí a otra en la calle Almafuerte. Ahora estoy asesorándome con abogados en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y veremos cómo sigue esto”, le dijo por teléfono a PERFIL. Y aclaró: “No formo parte de Anonymous Argentina y estoy tranquilo porque no participé de ningún hackeo de los que se me acusa”. Luego de esta conversación, y ante el pedido de mayores detalles sobre el allanamiento, el joven prefirió no brindar más datos, por consejo de su abogado, hasta que se determine cómo sigue la investigación.

Los hechos. El 24 de febrero, la Policía Federal Argentina realizó –a pedido de Interpol– cuatro allanamientos en el país contra posibles hackers internacionales de Anonymous: en la Ciudad de Buenos Aires (en el barrio de Flores) y en las provincias de Córdoba (Río Cuarto), Tucumán (San Miguel de Tucumán) y Buenos Aires (Villa Martelli). El motivo está relacionado con ataques “a varios sitios sensibles, entre ellos algunos gubernamentales, como la página del Ministerio de Defensa de Colombia”, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los allanamientos fueron realizados de forma coordinada –y simultánea– en ciudades de Colombia, España, Chile y Argentina como parte de un megaoperativo que comenzó a mediados de 2011 contra la red de activistas virtuales. La policía colombiana habría comprobado que los ataques provenían de distintos países y dio intervención a los expertos del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Delitos Tecnológicos de Interpol, conformado por policías de cada país.

“Cuando estuvieron en mi casa, me informaron que la causa es por daño agravado por el hackeo del Ministerio de Defensa colombiano; están haciendo todo esto para darles temor a los activistas de Anonymous con los que no tengo nada que ver”, aseguró Luca a este diario.

Según fuente de la investigación, en los allanamientos se logró secuestrar una gran cantidad de equipos informáticos, teléfonos celulares, datos de la red Anonymous y material que permite avanzar en la investigación de otros ataques perpetrados.

“De mi casa se llevaron dos CPU, un pendrive y un celular”, enumeró el joven que, al igual que los otros ocho imputados, nunca estuvo detenido a raíz de esta causa judicial. A esos objetos incautados se suman cientos de CD y decenas de computadoras portátiles, pendrives y hasta una careta con la que se suelen identificar los miembros de Anonymous. También se secuestraron cámaras de fotos, filmadoras y discos rígidos.

Operativo. En el marco de la operación Desenmascarar (Unmask, en inglés), por la Argentina intervinieron el juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo Baldomar, y el fiscal Martín López Zabaleta, a cargo de la Unidad Fiscal de Coordinación de Investigaciones Complejas del Ministerio Público Fiscal porteño. La causa es la N° 3.565/12 y quienes llevaron a cabo los allanamientos son de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal.

El juez deberá determinar si los imputados incurrieron o no en un ilícito, a partir de los materiales incautados y las pericias realizadas. Con todo, se sabe que los delitos informáticos son muy difíciles de comprobar ya que se debe poder demostrar que hubo intención de realizar el daño.

Fuente.


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