En el último número de Prensa Obrera, periódico del Partido Obrero de Argentina, se publicaron los siguientes dos artículos del mismo autor (Alejandro Guerrero) sobre el nombramiento del general Milani al frente del Ejército del Estado.

Milani, un represor

El soldado conscripto Alberto Agapito Ledo desapareció en Tucumán, en 1976, cuando era asistente del subteniente de inteligencia César Milani, hoy titular del Ejército y adherente del “proyecto nacional”. Ahora, un grupo de ex presos políticos riojanos pide que se reabran las investigaciones por aquel hecho.

Ledo era asistente de Milani en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, con asiento en La Rioja. El 20 de mayo de 1976, ambos fueron trasladados a Monteros, Tucumán, cuando se desarrollaba allí el Operativo Independencia, ordenado por el gobierno peronista de entonces. Por aquella operación, más de 5 mil militares ocuparon la provincia y -con la excusa de combatir a un insignificante foco guerrillero que el ERP había instalado en el monte- secuestraron, torturaron y asesinaron a miles de militantes populares, obreros, estudiantiles y campesinos. Milani fue asignado entonces a la unidad de Operaciones Antiterroristas.

Según diversos testimonios, en la noche del 17 de junio de ese año, mientras cumplía una ronda a las órdenes de un capitán de apellido Sanguinetti, Ledo fue secuestrado y no volvió a saberse de él. A Graciela de Ledo, la madre del conscripto -hoy miembro de Madres de Plaza de Mayo- le dijeron que su hijo había desertado.

En estos días, Enrique Vergara y otros ex presos políticos de La Rioja pidieron, en sede judicial, que se investigue el papel de Milani en aquella desaparición. Con esa iniciativa, intentan contrarrestar la solicitud de archivar la causa contra el actual jefe del Ejército, presentada en su momento por el fiscal tucumano Pablo Camuña.

El de Ledo no es el único caso que involucra a Milani. En el Nunca Más, de la Conadep, aparece vinculado con el secuestro de Ramón Alfredo Olivera, detenido y desaparecido en un centro clandestino de La Rioja. Olivera, en su testimonio de hace casi treinta años, dijo que quien se lo llevó fue “el teniente Milani”, quien, más tarde, lo obligó a firmar una declaración -redactada por los militares- en la cual el secuestrado admitía su pertenencia al ERP.



Los K organizan una Side paralela, dirigida por los espías del Ejército. La desintegración del gobierno y la guerra de servicios

El asesinato de un espía de la Side por parte del grupo de asalto Halcón, de la policía bonaerense, ha puesto al desnudo la descomposición de las fuerzas armadas, las de seguridad y los servicios de inteligencia.

La Secretaría de Inteligencia (SI, ex Side) siempre ha sido una cueva tenebrosa de camarillas continuamente enfrentadas entre sí, usinas de rumores y conspiraciones de todo tipo, vinculadas todas ellas con el hampa y, sobre todo, con distintos servicios internacionales de espionaje.

Ocurre que, ahora, el conflicto explotó hasta aparecer en la tapa de los diarios. Héctor Icazuriaga, el “señor 5″, como la jerga de los servicios llama al director de la Side, es un dibujo. El gran “pesado” de la SI es, desde hace mucho tiempo, Jaime Stiusso, director de Operaciones, ingeniero en electrónica, eficaz pinchador de teléfonos. Él fue el encargado, por cuenta de Néstor Kirchner, de organizar una red de espionaje, de escuchas telefónicas y de conspiraciones. Gustavo Béliz, ex ministro de Seguridad, aseguró en su momento que Stiusso y Kirchner armaron en la SI una “agencia paralela, una Gestapo”. Según declaraciones judiciales de Béliz, él le advirtió al presidente fallecido que Stiusso lo convertiría en un rehén. “Vos no te metas”, le habría contestado Kirchner. De ser cierta esa versión del ex ministro, ahora se ve hasta qué punto la advertencia era pertinente.

Mientras Icazuriaga y el director de Reunión Interior, Fernando Pocino (protector de Sergio Schoklender, es el que aparece en una foto junto a Hebe de Bonafini en una obra de Sueños Compartidos), mantienen su solitaria “lealtad” a CFK, Stiusso y el subjefe de la Secretaría, Francisco Larcher, habrían “caído en desgracia en Olivos” (La Nación, 14/7). En verdad, es al revés: Olivos cayó en desgracia en el despacho de Stiusso. La interna K golpea ahora con fuerza en la interna de la SI, al punto que -según suponen en la Rosada- Poncino se habría reunido varias veces con Sergio Massa en los últimos tiempos. “Ese hijo de puta nos desinformó durante varios meses”, dijo, furioso, un ministro (ídem). Una fracción de los servicios habría seguido entonces el camino del ex titular de la UIA, José De Mendiguren, y de otros capitalistas y punteros que apoyaron a los K: un cambio de frente, en la perspectiva del relevo político de la camarilla oficial.

De la CIA y el Mossad

¿Cuándo decidió Stiusso abandonar a CFK, como hicieron tantos otros? Todo indica que el conflicto interno en la SI, que se desarrollaba sordamente desde hacía mucho, estalló con la firma del frustrado acuerdo con Irán. Stiusso, junto con el fiscal Alberto Nisman, fue el autor de la trama que involucraba a los iraníes en el atentado a la Amia. Ese “trabajo” fue hecho sobre la base de informes que le suministraron la CIA y el Mossad, con los cuales Stiusso está vinculado al punto que ya no se sabe bien para qué servicio trabaja.

Precisamente, estos últimos topos temían que el acuerdo con Teherán -e investigaciones posteriores- los obligaran a “revelar sus fuentes”; o sea, sus vínculos con los servicios extranjeros. En principio, mentideros periodísticos aseguran que de las oficinas de Stiusso y Larcher salieron no pocos de los informes sobre Lázaro Báez, los que luego explotaron en la prensa. Y fuentes del gobierno atribuyen a operaciones de Stiusso -hombre de gran influencia en el Poder Judicial- los reveses sufridos por el oficialismo en los distintos tribunales.

“La Side está fuera de control”, dice La Nación. Frente a tal panorama, ¿qué decidió hacer el gobierno?

La Side paralela

Por orden de la Presidenta, su secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, organizó un nuevo aparato de espionaje integrado por el pequeño sector de la SI que se mantiene alineado con el gobierno, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y por el nuevo jefe del Ejército, César Milani -oficial de inteligencia desde su egreso del Colegio Militar y represor que figura en el Nunca Más de la Conadep.

En su discurso de asunción, Milani señaló su intención de poner al Ejército al servicio del “proyecto nacional”. Desde que, en 1975, el general Alberto Numa Laplane era el titular de la fuerza -antes de dejar su lugar a Jorge Videla-, nunca un jefe de Estado Mayor había manifestado de tal manera su adhesión a un gobierno.

Se trata de una nueva y tardía cooptación política. En una fuerza casi inoperante porque la crisis la dejó sin presupuesto, la Jefatura II (Inteligencia) del Ejército maneja, sin embargo, una partida de casi 400 millones de pesos anuales, más que los servicios de espionaje de todas las fuerzas federales juntas. Por eso Milani se declara “peronista” y hasta “chavista”.

Por supuesto, esa Side paralela no hará sino recrudecer la guerra de servicios.
Milani, que en su nueva función retiene la jefatura de Inteligencia del Ejército, es uno de los pergeñadores del Proyecto X, que elaboró conjuntamente con Nilda Garré, su gran compinche desde que ella era ministra de Defensa. Y con ellos, Horacio Verbitsky, a quien nunca se le ocurrirá preguntar por la desaparición del soldado Alberto Ledo, secuestrado en Tucumán durante el Operativo Inteligencia, cuando su jefe era el entonces teniente César Milani.

Mientras luchan entre ellos, los servicios de inteligencia operan renovadamente contra el enemigo común de todos ellos: los militantes populares, la izquierda política, las organizaciones sociales, los periodistas molestos. En definitiva, es un paso más en el reforzamiento del estado policial, de infidencias, delaciones y persecuciones que el gobierno pretende instaurar.

El desmantelamiento de los servicios de espionaje y represión (que son, además, antros organizadores del delito) es simplemente una utopía bajo el Estado capitalista, que no podría subsistir siquiera un minuto sin un sistema de conspiración contra la ciudadanía. Por eso es fundamental reforzar sin cesar la lucha y la organización popular, para poner fin a los servicios y al Estado que los organiza y encubre.

En esta perspectiva, reclamamos que Milani sea sometido a proceso judicial y que se forme un comité de organizaciones populares que lo supervise. Lo mismo debe hacerse con los Stiusso, los Larcher, los Puricelli, Verbitsky y Garré. Entre otros, claro.


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