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| Fotos realizadas por la inteligencia de la gendarmería en Kraft. |
Sesenta días pasaron desde la denuncia que realizaron organismos de derechos humanos y abogados laboralistas sobre las las acciones de vigilancia cumplidas por la gendarmería hasta que la misma fuerza admitió las tareas ilegales de inteligencia que realiza. “Hace dos meses presentamos un escrito planteando una denuncia sobre la Gendarmería para que la justicia investigue sus tareas de inteligencia - explica Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)-. El requerimiento les pedía que expliquen cuáles eran sus bases de datos sobre personas. Su respuesta planteaba que usaban los datos de migraciones para conocer los movimientos de los ciudadanos en la frontera, los datos del registro automotor y algunos otros listados públicos más. Pero agregaron a su declaración un organismo desconocido e ilegal: dijeron que tenían un listado propio llamado Proyecto X’ que les permitiría cruzar nombres con organizaciones que podían ser ilegales, legales, terroristas, desconocidas o delincuenciales”. La base de datos de nombre oscuro revela un aparato de inteligencia ilegal que desarrolla la fuerza comandada por la ministra Nilda Garré y que tiene un rol activo en la vigilancia de activistas obreros, entre otros. Una situación preocupante ya que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acaba de promulgar una ley Antiterrorista cuyo fin más evidente es el de castigar y prevenir la protesta social.
No hay que olvidar que el requerimiento realizado por los organismos de derechos humanos surgió debido a las sospechas sobre esta inteligencia ilegal percibido por las actividades realizadas en los nucleos fabriles de Zona Norte y en los conflictos operarios que habían surgido, en especial el de la huelga y ocupación de la empresa alimenticia estadounidense Kraft.
“Un organismo de esa naturaleza es completamente ilegal e inconstitucional -señala el abogado Juan Carlos Capurro, presidente del Comité de Acción Jurídica y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Las tareas específicas de la Gendarmería se circunscriben a la defensa de las fronteras, no a la inteligencia interior. La inteligencia interior está constitucionalemente prohibida para todas las fuerzas de seguridad de la nación. Ninguna fuerza podría tener un organismo de ese tipo de manera autónoma, ya que estaría violando la Carta Magna. Y si le hubiera sido encomendada por el ministerio de Defensa o del Interior, la ministra o el ministro deberán dar explicaciones sobre el organismo de inteligencia y control de los ciudadanos”. Las sospechas que motivaron la denuncia sobre la Gendarmería estarían probadas con esta respuesta ya que -como dice el popular dicho- “a confesión de partes, relevo de pruebas”. De cualquier manera, no es vano recordar las causas de la denuncia ni repasar las actividades que la gendarmería de vigilancia sobre los ciudadanos durante la huelga de Kraft.
El gendarme Raúl Ernesto Sheurman, integrante de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial de Gendarmería Nacional, relató ante la secretaria del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero que fue designado con otro miembro de la fuerza para ir al lugar de la manifestación: “Nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial. Fuimos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes eran los que hablaban por los altoparlantes, quiénes los organizadores…” El gendarme Sheurman admitió que intentó ubicar a dos organizadores de los cortes pero que, al no ubicarlos, sacó fotos a otros manifestantes con su celular.
En el mismo tribunal, Gendarmería informó que su oficial Elisabeth Calisaya “informó los resultados de la compulsa realizada en forma encubierta y de consulta a las bases de datos abiertas, efectuadas sobre las personas de interés”. Más adelante, la declaración oficial continúa revelando el accionar de inteligencia de Calisaya. La oficial “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.
La gendarme señaló que tenía una confusión respecto a los nombres de los manifestantes del conflicto de Kraft vigilados, pero que “lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña”. Esa base de datos sería el oscuro Proyecto X.
El gendarme Carlos Christian Sanabria reconoce haber identificado a Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, que apoyaban la huelga de Kraft, y que individualizó a Ramón Bogado y Javier Hermosilla, “quienes ocupan cargos gremiales en la empresa de marras, respecto a quienes no pudieron obtenerse fotografías”. Todos los mencionados, junto a varios otros activistas obreros de Kraft, enfrentan hoy embargos sobre sus escasos bienes y causas judiciales que persiguen la protesta social. El juez Mariano Rearte, que lleva adelante la causa contra los manifestantes, le otorgó estatus de prueba a los pedidos de la presidenta Fernández que reclamaban que acaban los cortes de ruta. Su inclusión como prueba señala el operativo conjunto entre el poder ejecutivo y el judicial para enfrentar la protesta social.
Plazademayo.com publica algunas de las fotos que forman parte del expediente y parte del testimonio de Sanabria. Queda mucho más material para publicar.
¿Es el Proyecto X una base de datos que podrá ser usada por el gobierno y el poder judicial en el marco de la aprobación de la ley Antiterrorista? La previsión de un aumento de las tensiones sociales y laborales en un marco de ajuste kirchnerista podrían provocar un uso profuso de la represiva ley. Baste recordar que estos días 20 manifestantes antimineros en Catamarca fueron procesados bajo el marco de esa legislación. La base de datos Proyecto X adquiere en este contexto un carácter no sólo ilegal, sino peligroso para la seguridad y resguardo de las libertades democráticas del activismo obrero.
Diego Rojas.
Tomado de Argentina Socialista.
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