Por Carlos Martínez.
La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Español, en especial las unidades “anti-disturbios” de la Policía Nacional, están actuando de forma muy agresiva contra ciudadanos que ejercen de forma no-violenta sus derechos reconocidos constitucionalmente, tales como la manifestación o la huelga. Estas cargas y golpes no guardan ninguna proporción entre el “mal” que pretendían evitar y los medios utilizados y las lesiones causadas. En el Estado de Derecho el aparato estatal ostenta el monopolio de la violencia, pero sólo puede hacer uso de ella cuando es imprescindible y, siempre, de forma proporcionada.
Es llamativo el inmenso vacío legal del ordenamiento jurídico español en el que no se establecen las situaciones en las que la policía puede hacer uso de la fuerza. En un Reino donde hasta los calibres de los guisantes o aceitunas están regulados por el correspondiente reglamento, la policía tiene manos libres hacer uso de la violencia contra su pueblo. Sin duda la reciente herencia franquista sigue pesando mucho en el aparato represivo del Estado español.
A falta de normas internas, nos vemos obligados a acudir a los tratados internacionales firmados por España. En el marco de la ONU se aprobaron los «Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» en los que literalmente se dice:
«Actuación en caso de reuniones ilícitas:
12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14.
13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.»
En conclusión, lo que dice este tratado y el sentido común es que ante manifestaciones de carácter pacífico se debe evitar el uso de la fuerza. Pues bien, la Policía Nacional española disolvió violentamente a vecinos que se oponían a unos derribos en el barrio valenciano del Cabanyal causando lesiones a ciudadanas que sólo pedían pacíficamente respeto a una sentencia judicial. También en Valencia, la Policía Nacional golpeó sin motivo a alguno a los miembros de piquetes no-violentos, en la reciente huelga general, hasta mandar al hospital a varias jóvenes. En Getafe, la Policía Nacional fue más allá, disparando al aire para impedir el derecho que tienen los trabajadores a formar piquetes informativos.
Sin embargo, desde el gobierno del Reino de España, desde la oposición del PP y desde los medios de comunicación se siguen impartiendo lecciones de derechos humanos al resto del mundo, especialmente a Cuba y Venezuela. Se calificó como brutalidad policial la actuación de la Policía Cubana al disolver una manifestación ilegal. Aquí pueden ver dos vídeos de cómo actúa las policías cubanas y españolas y que cada uno saque sus propias conclusiones sobre cuál de ambos cuerpos respeta más al pueblo que debe servir:
Policía Nacional española agrendiendo a manifestando pacíficos.
Policía Cubana ante una manifestación pacífica.
Fuente: Kaos en al Red.
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